El Gobierno regional inicia la modificación normativa para tramitar la gran dependencia en un máximo de tres meses, una medida que beneficiará de inmediato a los pacientes en fase avanzada.

La materialización de la Ley ELA comienza a tomar forma administrativa en Cantabria. El Gobierno autonómico ha activado los mecanismos legales para adaptar su normativa de dependencia a la legislación estatal, con el objetivo prioritario de agilizar los tiempos de respuesta y garantizar la suficiencia financiera de los cuidados. Así lo ha confirmado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, tras reunirse con el presidente de la asociación CanELA, Fernando Martín, para detallar la hoja de ruta que permitirá a los pacientes acceder al nuevo Grado III+ de dependencia.

La medida central de esta adaptación normativa, que ya se encuentra en fase de consulta pública previa, es la reducción drástica de la burocracia. Según ha detallado la Consejería, el reconocimiento de este grado reforzado deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses. Para evitar duplicidades y retrasos, la administración permitirá tramitar simultáneamente el Grado III ordinario y el nuevo Grado III+, resolviendo ambos en un único acto administrativo.

Criterios clínicos y blindaje económico

Para acceder a esta nueva categoría de protección, los pacientes deberán acreditar el diagnóstico de ELA y cumplir al menos dos de los siguientes tres criterios clínicos: necesidad de soporte ventilatorio (más de 8 horas diarias), requerimiento de aspiración de secreciones o inmovilidad en el tren superior.

El impacto económico de esta medida supone un cambio de paradigma en la atención domiciliaria. Los pacientes que obtengan el Grado III+ tendrán derecho a una prestación vinculada al servicio de asistencia personal que oscilará entre un mínimo de 3.200 euros y un máximo de 9.850 euros al mes. Este soporte financiero tiene como fin último permitir que los afectados contraten directamente a los profesionales expertos que requieren sus cuidados 24 horas.

Desde el Ejecutivo regional estiman que, en una primera fase, entre 14 y 18 de los 52 pacientes diagnosticados actualmente en Cantabria podrán acogerse a este grado reforzado. No obstante, la consejera ha subrayado un matiz administrativo crucial: estas ayudas no se conceden de oficio; es indispensable que los pacientes que cumplan los requisitos presenten la solicitud formal.

Continuidad y colaboración con CanELA

Durante el encuentro, en el que también participaron la directora del ICASS, Carmen Arce, y el director general de Dependencia, Eduardo Rubalcaba, se puso en valor el trabajo previo realizado en la comunidad. Cantabria ya reconoce automáticamente el Grado I de dependencia y una discapacidad del 33% tras el diagnóstico. Además, el pasado año se ejecutó una línea de ayudas directas de 25.000 euros para pacientes en fase avanzada, una iniciativa pionera que benefició a diez familias.

Fernando Martín, presidente de CanELA, ha valorado positivamente estos avances, reconociendo el «esfuerzo presupuestario» de la administración, aunque ha instado a mantener la tensión para que la letra de la ley se traduzca en una realidad tangible «a pie de cama». Para la asociación, estas prestaciones no solo sostienen la vida de los enfermos, sino que profesionalizan el cuidado, aliviando la carga que tradicionalmente recae sobre el entorno familiar.